by Joserra García-Albertos
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Todos los derechos para todos los niños, niñas y jóvenes
20 noviembre 2023. Día de los Derechos de la Infancia
POSICIONAMIENTO
En el Día Universal de los Derechos de la Infancia, las asociaciones de la Federación INJUCAM queremos poner de relieve que, si bien ha habido algunos avances en la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y jóvenes no podemos eludir la cruda realidad y compartir que, a pesar de estos avances, muchos niños y niñas, entre ellos la infancia y la juventud que participa en las asociaciones de la Federación, lamentablemente siguen experimentando vulneraciones de sus derechos.
Y lo decimos porque lo sabemos. Llevamos más de tres décadas inmersas en la realidad de los barrios vulnerables, conectadas con la vida local, adaptando nuestras estrategias, programas y proyectos de manera precisa y efectiva. Tenemos un conocimiento exhaustivo y actualizado de las dinámicas y los desafíos pendientes a abordar. Nuestra implantación en los barrios significa y representa un compromiso activo y constante con las personas que viven en ellos y no sólo identificamos los problemas y sus causas, sino que los entendemos en su contexto, lo que nos capacita para proponer y desarrollar soluciones más efectivas y acordes a las necesidades reales de estos barrios.
Reconocer y cumplir los derechos de la infancia es un imperativo ético y legal. Este 20 de noviembre, se conmemoran los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989) ratificada por España en 1990. Garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento a todos los niños, niñas y jóvenes es una obligación prioritaria de los poderes públicos. Hacemos hincapié en la importancia de ahondar en el cumplimiento de los derechos de la infancia y la juventud no solo desde una perspectiva de obligación legal, sino también como una estrategia inteligente para construir una sociedad más justa, equitativa, inclusiva y sostenible.
Los derechos que consagra la Convención de Derechos de la Infancia deben ser el referente y fin último de las políticas públicas y estas, a la par, ser la herramienta más idónea para su pleno ejercicio.
Un año más, en un día como hoy, nos vemos en la necesidad de volver a recordar algunos elementos básicos: los niños, niñas y jóvenes son titulares de derechos; todos y todas tienen los mismos derechos que otros niños, niñas y jóvenes; tienen los mismos derechos humanos que las personas adultas, y a su vez derechos “propios” específicos derivados de sus necesidades especiales. Estos derechos, de cada niño, niña y joven, son, como señala el Comité de los Derechos del Niño, universales (para todos y todas), inviolables (no pueden ser quebrantados por ningún poder público o privado) indivisibles (no hay derechos más importantes que otros) e interdependientes (están relacionados entre sí). Y los cuatro principios sobre los que se establece la Convención son: 1. la no discriminación, 2. el interés superior del niño/niña, 3. el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y 4. la participación infantil.
Sabiendo ya quienes son los y las titulares de derechos queda recordar quién actúa como titular obligado a garantizar dichos derechos responsabilizándose de su cumplimiento. Son los gobiernos, los poderes públicos, los garantes principales e, indudablemente, es su obligación garantizar todos los derechos a todos los niños, niñas y jóvenes. A su vez como titulares de responsabilidades, en relación con los derechos de la infancia y juventud, hay otros miembros de la sociedad con un papel activo para el ejercicio de estos derechos.
Desde nuestra posición de observadoras y conocedoras de la realidad en la que estamos insertas, seguimos lamentablemente constatando como a muchos niños y niñas de los barrios en los que trabajamos no se les está garantizando el pleno ejercicio de sus derechos. A pesar del gran consenso en torno a la aceptación de la Convención de los Derechos de la Infancia, los derechos de los niños, niñas y jóvenes se siguen vulnerando en todo el mundo, también en España, también en Madrid.
En los barrios y municipios de Madrid hay muchos niños, niñas y jóvenes en situación de pobreza y exclusión, que sufren desigualdades y discriminación. Y trabajamos cada día desde las asociaciones para que esta situación cambie tanto desarrollando programas y proyectos socioeducativos propios como analizando e incidiendo en las causas que generan estas vulneraciones de sus derechos. Durante los diversos procesos electorales que ha habido en este año hemos ido dando traslado a los diferentes grupos políticos de nuestros análisis y propuestas para plantear políticas a favor del desarrollo integral de la infancia y juventud aportando soluciones a problemáticas específicas.
Este año, en el Día Universal de los Derechos de la Infancia, queremos incidir especialmente en el derecho de cada niño, niña o joven a desarrollarse libre de cualquier forma de violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido o negligencia, malos tratos o explotación.
Como señala la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) “La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos. Para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño es esencial asegurar y promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia.” Y entiende violencia como “toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital.
En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar.”
Destacamos algunos avances significativos que se han producido en torno a esta materia los últimos años, muchos de ellos son históricas demandas que las organizaciones sociales hemos venido impulsando, como son la propia aprobación de la LOPIVI, o el Acuerdo sobre el Plan de implementación de la LOPIVI y a nivel autonómico la aprobación de la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
Y queremos también, en un día como hoy, en relación a estos avances resaltar algunos aspectos aún pendientes que nos parecen esenciales para poder garantizar que los niños, niñas y jóvenes se desarrollen en entornos seguros y de buen trato. Por un lado, un desarrollo normativo autonómico de los requisitos, funciones y condiciones del Coordinador/a de bienestar y protección del alumnado y del Delegado/a de protección en el ámbito del ocio y tiempo libre. Este desarrollo reglamentario se marca en el artículo 32.6 de la Ley de Infancia de la Comunidad de Madrid. Consideramos que el instrumento jurídico idóneo para su regulación debería ser un decreto o una orden. Y acompañar este desarrollo normativo con los recursos necesarios para la formación de estas figuras.
También invitamos a todos los ámbitos en los que los niños, niñas y jóvenes desarrollan sus vidas (colegios, institutos, centros y servicios, organizaciones, asociaciones, y un largo etcétera) que para: 1. Garantizar la implementación de medidas de prevención y sensibilización para el rechazo y eliminación de todo tipo de violencia sobre la infancia y la juventud. 2. Reforzar los conocimientos y habilidades de los niños, niñas y jóvenes para que sean parte activa en la promoción del buen trato y puedan reconocer la violencia y reaccionar frente a la misma y 3. Establecer los protocolos, mecanismos y cualquier otra medida necesaria para la creación de entornos seguros, de buen trato e inclusivos para toda la infancia en todos los ámbitos, se diseñen en cada ámbito/espacio los marcos adecuados contando siempre y en todo caso con la participación real y significativa de los niños, niñas y jóvenes que forman parte de estos espacios y que así puedan ser espacios seguros, de participación, expresión y desarrollo. Espacios de buen trato donde se respetan los derechos de los niños, niñas y jóvenes, se promueven activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación para los niños, niñas y jóvenes.
Esperamos y deseamos que el próximo año podamos celebrar progresos más notorios y significativos para el pleno ejercicio de todos los derechos por parte de cada niño, niña y joven, con especial énfasis en aquellos que viven en los barrios vulnerables donde las asociaciones de la federación desempeñamos un papel fundamental.
Pretendemos que este posicionamiento sirva para impulsar, animar, movilizar e incidir a los poderes públicos en particular y a la sociedad en general, cada uno desde su rol, a ser verdaderos garantes y responsables del pleno ejercicio de los derechos de la infancia y la juventud.
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