Desde la Federación INJUCAM, red de asociaciones que trabajamos por los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, denunciamos con firmeza los ataques contra jóvenes que han migrado sin referentes familiares, y contra quienes les acompañamos desde el compromiso social y profesional.

Los discursos de odio que los criminalizan no solo son falsos y peligrosos, sino que vulneran derechos fundamentales y fomentan el rechazo social. Promover el cierre de recursos de acogida o señalar a las organizaciones sociales es una estrategia de desinformación que refuerza el racismo y debilita la convivencia.

Migrar no es delito. Quienes migran forman parte activa del desarrollo social y cultural de nuestros barrios. Estigmatizarles es una forma de exclusión.

La acogida es un derecho, no una amenaza. El Centro de Primera Acogida de Hortaleza, con sus limitaciones y desafíos pendientes, así como otros recursos similares, cumple una función esencial de protección. Señalarlo como un problema es contribuir activamente a la estigmatización y poner en peligro a quienes el sistema está obligado a proteger.

El trabajo de las entidades sociales es garantía de derechos, no objeto de sospecha. Las entidades sociales desempeñamos un papel esencial en el acompañamiento educativo, social y comunitario de la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad. Lejos de ser parte del problema, somos parte activa de la solución. Somos espacios que construyen vínculo, protección, participación y ciudadanía con jóvenes a quienes el sistema ha excluido. Nuestro trabajo no es asistencial: es político, pedagógico y transformador. Acompañamos procesos de empoderamiento desde el compromiso con los derechos humanos y la justicia social. Cuestionar o señalar esta labor sin pruebas es un ataque irresponsable a la base misma de la democracia.

La juventud migrante debe ser protegida, no perseguida. Los marcos legales son claros: la protección debe estar por encima de cualquier discurso político.

Exigimos a las instituciones que dejen de autorizar manifestaciones que promueven el odio y la criminalización. Dar espacio a concentraciones que señalan a jóvenes vulnerables y a quienes les cuidan no es neutralidad: es complicidad institucional. La libertad de expresión no puede justificar el racismo.

Frente al señalamiento, reivindicamos derechos.

Frente al racismo institucional, exigimos políticas públicas inclusivas.

Frente al odio organizado, respondemos con principios democráticos y justicia social.

Seguiremos trabajando, como siempre, del lado de la infancia y la juventud. Porque cuidar es defender derechos. Y educar, transformar realidades.